LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES “ASOCAB”, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional las continuas acciones de Despojos realizadas por la empresa palmera APORTES SAN ISIDRO S.A.S. en contra de nuestra comunidad, así mismo la falta de compromiso y respuesta Estatal por la NO PRONTA JUDICIALIZACIÓN de estos hechos y la ausencia de garantías para la permanencia en el territorio.
De acuerdo a las autoridades competentes del Estado colombiano, conforme a lo previsto en la Resolución 2284 de 14 de noviembre de 2012 del INCODER, la hacienda “Las Pavas” no le pertenece a la Empresa Aportes San Isidro S.A.S., pues ha pasado a ser propiedad del Estado, quien la usará para realizar las adjudicaciones a los campesinos de ASOCAB que fuimos desplazados de ésta en el 2003 por los grupos paramilitares que operaron en la región.
En consonancia con lo anterior, en noviembre de 2013 la Directora de la Unidad de Víctimas, decretó el fin del proceso de revisión del registro que nos reconoce a la comunidad de campesinos de la hacienda “Las Pavas” como población desplazada. Es pertinente recordar que la condición de víctima de nuestra comunidad fue colocada en duda por una resolución de la Fiscalía Quinta de Cartagena en noviembre de 2011 que, en una abierta vía de hecho, estableció que los campesinos éramos falsos desplazados. Después de un proceso de dos años la Unidad de Víctimas realizó un acto de reconocimiento de nuestra condición de desplazados y pidió perdón público por estos hechos.
Pese a lo anterior, en un evidente desconocimiento del ordenamiento jurídico la empresa Aportes San Isidro S.A.S. nos ha sometido a agresiones físicas, verbales, quema de nuestros ranchos, disparos indiscriminados, destrucción de cultivos, amenazas de muerte, amenazas de violación contra las mujeres y niñas, cierre de la vía pública e impedimento de la movilidad en el predio, usurpación de los terrenos que teníamos listos para sembrar cultivando 100 hectáreas de palma en Julio de 2012, intento de homicidio contra uno de nuestros jóvenes, entre otras agresiones, que han generado terror, zozobra, angustia, desesperanza y rompimiento en nuestra comunidad.
Los últimos acontecimientos transcurridos en este mes, han sido la CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA DENTRO DEL PREDIO para facilitar la siembra de palma sobre toda la Hacienda, la construcción de dos ranchos grandes donde instalarán familias campesinas víctimas de otros corregimiento como Playitas y el Varal, Con quienes pretenden enfrentarnos, generando un conflicto entre las mismas víctimas y en un intento por dividir a la comunidad en la disputa por el territorio.
A todos estos hechos se suman la falta de garantías por parte del Estado, al cual se le ha informado en reiteradas oportunidades sobre la situación de vulnerabilidad y violencia cometida contra nuestra comunidad, y específicamente, al VICEFISCAL GENERAL DE LA NACIÓN, al MINISTERIO DEL INTERIOR, la VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, los ESPACIOS DEL COMITÉ DE JUSITICIA TRANSICIONAL tanto municipal como departamental, la POLICÍA NACIONAL, REGIONAL y LOCAL Y AL MINISTERIO DE DEFENSA, no son efectivos los mecanismos de protección, no avanzan las investigaciones penales que lleven a la judicialización de los responsables, por tanto se perpetúa la IMPUNIDAD y la ley de la empresa privada que sin limitaciones de ningún tipo, pasa por encima de los DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS.
Por lo anterior continuamos exigiendo:
1. Las investigaciones y sanciones a los responsables, tanto a los directivos, gerente y directores, de la empresa palmera APORTES SAN ISIDRO S.A.S., como a sus empleados, por los hechos violentos y violaciones de nuestros derechos y libertades fundamentales.
2. La garantías de no repetición de estos hechos.
3. Las medidas de rehabilitación y satisfacción a la comunidad.
4. Garantías para ejercer plenamente el derecho de posesión de la hacienda las pavas.
5. La adjudicación de los once predios baldíos identificados por el INCODER.
6. La titulación de los predios baldíos y los predios extinguidos del dominio por parte el INCODER.
7. Ante la falta de protección de nuestros derechos por parte del Estado y la permanente agresión por parte de la empresa Aportes San Isidro SAS, nos veremos en la necesidad de impedir que se continúe sembrando palma en nuestras tierras. Las consecuencias que se deriven de esta acción legítima de defensa de nuestros derechos, será responsabilidad del Estado Colombiano.
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES ASOCAB, 4 de Agosto de 2014
Para más información a través de la página web:
https://retornoalaspavas.wordpress.com/
APOYAN Y ACOMPAÑAN:
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio – PDPMM
Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio (Pontificia Universidad Javeriana)
Pensamiento y Acción Social PAS
CORAMBIENTE
Fundación Chasquis
Senador– IVAN CEPEDA
Equipos Cristianos de Acción por la Paz- ECAP
Protection International – PI
Peace Watch Switzerland – PWS
Christian Aid
Project Counselling Service –PCS
Grupo de Trabajo Suiza Colombia – Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien
retornoalaspavas 