Crónica a un mes del retorno

A un mes del retorno a Las Pavas, las familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) continúan luchando para construir su futuro en estas tierras. Aunque la reciente sentencia de la Corte Constitucional aleja el fantasma de un nuevo desalojo por la fuerza, las inundaciones que azotan la región son la nueva amenaza para su seguridad alimentaria.

A la comunidad campesina de Las Pavas no le faltan motivos para celebrar el primer mes del que ha sido llamado “El milagro de Las Pavas”. “Esperamos casi dos años, pero ahora finalmente estamos aquí, en esta tierra que es nuestra y de nuestros antepasados, tenemos que festejar y dar gracias al Señor que nos ha dado la fuerza necesaria para seguir luchando”, nos cuenta don Misael, uno de los líderes de ASOCAB.
Desde el primer día la comunidad ha trabajado sin descanso para transformar campos marchitos y abandonados en una promesa para el porvenir. “Hemos sembrado 60 hectáreas de maíz, también mafufo y patilla, además preparamos un huerto con tomate y cebolla”, manifiesta Etni Torres, otro de los líderes. Los campesinos extraen el agua para su consumo de dos pozos que construyeron con sus propias manos; duermen en cambuches cubiertos con plástico, en hamacas y en colchonetas suministradas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Mientras los hombres trabajan en la siembra o van a pescar, las mujeres preparan la comida en una cocina improvisada donde no falta el buen humor.

Entre una arepa y otra, Carmen, encargada de la cocina, nos cuenta que vivir en estas condiciones no es para nada fácil. “Tratamos de darnos fuerza el uno al otro y resistir, porque a pesar de las dificultades ésta es nuestra tierra, es aquí que queremos construir nuestro futuro y si Dios quiere un día será nuestra”.

Entre la esperanza y la inclemencia del invierno

La histórica temporada invernal que azota sin tregua a toda Colombia empeora la situación. La creciente del río Magdalena, que ha inundado completamente varios municipios del sur de Bolívar, ya llegó a Las Pavas echando a perder las 60 hectáreas cultivadas por los campesinos e inundando los cambuches en los que están durmiendo. “Aún tenemos algunas provisiones y podremos hacer unos pocos cambuches en zinc, pero no va a ser suficiente; todo el maíz ya está bajo el agua y el nivel sigue subiendo, la emergencia humanitaria es cada día más grave”, afirma Etni.

Pero esto no es todo: Buenos Aires, el caserío del cual proviene la comunidad, donde sus niños van a la escuela, está corriendo la misma suerte por cuenta de las intervenciones que han hecho las compañías palmeras para desviar las aguas del caño Solera. “En este momento no nos queda más que esperar y prepararnos para lo peor, pero lo cierto es que pase lo que pase, de aquí no nos vamos”, subraya don Misael.

A diferencia de 2009, hoy la comunidad Las Pavas cuenta con el apoyo de varias ONG nacionales e internacionales y con las garantías que confiere el estatuto de población desplazada. “Gracias al acompañamiento constante de estas organizaciones hemos adquirido una nueva fuerza que nos ha permitido superar los momentos más difíciles, organizar nuestro retorno y hacer frente a los momentos de miedo y de tristeza”, concluye don Misael.


Muchas palabras, pocos hechos

A la comunidad de Las Pavas no sólo la asustan los caprichos de la madre naturaleza. Desde el mismo día del retorno, los rumores de una posible intervención violenta de la policía, así como las continuas amenazas y calumnias a algunos de sus líderes han tendido un velo de zozobra sobre estas familias en resistencia.

“A veces tenemos miedo —admite don Misael— porque a pesar de las promesas del Gobierno no podemos confiar en las autoridades. La última vez que nos expulsaron de Las Pavas, en julio de 2009, trabajábamos nuestras tierras tranquilamente desde hacía más de seis meses, sin temor; y sin embargo fue el mismo Estado el que ordenó el desalojo y nos echó, destruyendo nuestras casas y botando nuestra comida”.

Hoy en día, a escasos metros del asentamiento instalado por la comunidad de ASOCAB hay una casa en ladrillo cercada con alambre de púas. Allí viven algunos trabajadores del consorcio El Labrador, pero desde hace más de un mes viven también allí los agentes de la Policía que, sin dar ninguna garantía de neutralidad, parecen haber escogido de qué parte estar.

“El Gobierno Santos repite constantemente su voluntad de alcanzar la paz en Colombia y de restituir las tierras usurpadas a los campesinos, el problema es que las leyes existen en este país pero no son respetadas, y nosotros pagamos el precio más alto de esta inestabilidad. Nosotros somos las víctimas privilegiadas de un estado que no es soberano”, afirma don Misael.

“Pedimos al Gobierno que reconozca nuestro derecho a la tierra, porque un campesino no es nada sin ella. Se transforma en obrero y un obrero no es otra cosa que un esclavo sometido a los intereses de las grandes empresas”.

Hoy, un mes después de su retorno, con el agua hasta las rodillas, 60 hectáreas de maíz perdidas por el invierno, el miedo constante a posibles represalias y sin una respuesta de las instituciones a su situación; las familias campesinas de Las Pavas intentan salvar sus pertenencias llevándolas hacia las escasas tierras altas y mantienen intacta su dignidad con la certeza de estar haciendo un reclamo justo. Con una fe tan grande como su tragedia, no contemplan otra posibilidad diferente a la de vivir y trabajar en su propia tierra.
Mientras tanto la comunidad espera que el Gobierno nacional demuestre su voluntad y haga efectivo su llamado Plan de Choque restituyéndoles las tierras. También espera los resultados de las acciones jurídicas que han elevado a distintas instancias oficiales. La Corte Constitucional ya emitió un fallo favorable para ASOCAB; ahora corresponde al Ministerio de Agricultura y al INCODER dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte en beneficio de las comunidades cuyos derechos han sido vulnerados.

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