Corte Constitucional Sentencia T-267 de 2011

Decisiones de la Corte Constitucional en su sentencia en el proceso de Revisión de la Tutela interpuesta por ASOCAB por la violación a los derechos al debido proceso, al trabajo y a la vida digna de que fuimos víctimas tras ser desalojados de Las Pavas el 14 de julio de 2009.

Sentencia de la Corte Constitucional a favor de ASOCAB publicada el 6 de mayo de 2011.

Clicka la imagen para descargar la sentencia.

1.  LEVANTAR los términos suspendidos en el presente proceso de tutela.

2. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox, y en consecuencia CONCEDER el amparo al debido proceso y a los derechos a la vida digna y al trabajo del cual son titulares los campesinos ocupantes del predio Las Pavas, representados por ASOCAB.

3. DECLARAR SIN VALOR NI EFECTO las Resoluciones 001, 002 y 003 de 2009 a través de las cuales la Inspección de Policía de El Peñón decretó el desalojo de la comunidad “las Pavas”.

4. INAPLICAR los actos administrativos 346 del 23 de febrero de 2010 y 766 del 7 de abril de 2010 del Subgerente de Tierras, al igual que los dictados el 28 de abril de 2010 y el 25 de mayo de 2010 por el Director Técnico de Procesos Agrarios de la Subgerencia de Tierras del INCODER, por medio de los cuales se abstuvo de iniciar proceso de extinción de dominio sobre el mencionado predio. En consecuencia, el INCODER, deberá continuar el proceso de extinción de dominio privado sobre los predios “Las Pavas”, “Peñaloza” y “Si Dios quiere”, teniendo en cuenta las decisiones y los parámetros adoptados en esta sentencia, atendiendo en todo caso los términos preestablecidos para el proceso administrativo y el debido proceso tanto de las sociedades propietarias como de los campesinos accionantes.

Este fallo de la Corte Constitucional ratifica lo que ha sostenido nuestra asociación en los siguientes puntos:

1. Fue acertada la decisión del señor Juez Promiscuo de San Martin de Loba, quien en primera instancia tutelara nuestros derechos y ordenara la suspensión del desalojo del que finalmente fuimos víctima en julio de 2009.

2. Fue totalmente equivocada la decisión del Juez Primero Promiscuo de Mompox Orlando Luis Puello Ortega, al revocar la sentencia de primera instancia de la acción de tutela interpuesta por nuestro representante legal, Misael Payares Guerrero, y en nuestro concepto, este funcionario incurrió en el delito de prevaricato, al ordenar que se efectuara el desalojo con el que se nos despojó de nuestras tierras.

3. Fueron ilegales las resoluciones de la Inspección de Policía del municipio El Peñón, por medio de las cuales se ordenó nuestro desalojo de las Pavas, y en nuestro concepto el señor Osmaldo García, Inspector de Policía en ese momento, también prevaricó.

4. Fueron ilegales las resoluciones preferidas por el señor Jose Rodolfo Castro Arias, Subgerente de Tierras Rurales del INCODER, mediante las cuales decretó la nulidad del proceso de extinción de dominio sobre los predios Las Pavas, Peñaloza y SI Dios Quiere y ordenó abstenerse de reiniciar este procedimiento, por lo que estamos convencidos que al igual que el Inspector de Policía de El Peñón y el Juez Primero Promiscuo del Circuito de Mompox, también delinquió prevaricando en este caso.

Es de gran trascendencia la decisión tomada por la Corte Constitucional, que reafirma nuestra confianza en esa institución, pues no sólo demuestra que los campesinos de ASOCAB tenemos la razón y son justas nuestras reclamaciones al Estado Colombiano, sino que legitima nuestro retorno del pasado 4 de abril, a la Hacienda Las Pavas, al reconocer nuestra posesión sobre los predios.

Ahora es el momento para que el Ministerio de Agricultura y el INCODER actúen en derecho, en aplicación de los principios constitucionales y normas internacionales, y cumplan con su promesa hecha en pasada reunión con nuestra comunidad, de restituirnos los predios de la Hacienda Las Pavas una vez se produjera este fallo de la Corte.

La decisión esperada ya está tomada, ya no hay más excusas ni obstáculos, ya no puede haber más dilaciones del Gobierno nacional, y de cara al país deben honrar su palabra, actuar en derecho y restituirnos legalmente y de forma inmediata nuestros predios e incluirnos en los programas diseñados para la estabilización socioeconómica y la reparación integral a la población desplazada, brindándonos garantías reales de no repetición.

Igualmente es imprescindible que la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía, adelanten las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar contra los funcionarios públicos que actuaron de forma irregular, vulnerando nuestros derechos y perpetuando el delito de desplazamiento forzado.

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