La Corte Constitucional abre el camino para la restitución de los derechos a las 123 familias campesinas de ASOCAB

El pasado 5 de mayo de 2011, un mes después de que la comunidad campesina de Las Pavas regresara por su propia iniciativa a la tierra de la que había sido desplazada y despojada por narcotraficantes, paramilitares y empresas palmeras, la Corte Constitucional ordenó la reapertura del proceso de Extinción de Dominio que la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) inició en 2006 sobre las 1.223 hectáreas que conforman la hacienda Las Pavas.

4 de abril: regreso de ASOCAB a Las Pavas

Mediante la Sentencia T-267 de 2011, la Corte ordena al Ministerio de Agricultura y al Gobierno que las normas en procesos agrarios respondan a los principios constitucionales y favorezcan a las poblaciones vulnerables y en situación de desplazamiento. Esta medida protege a las 123 familias campesinas de ASOCAB que el 4 de abril de 2011 regresaron a la Hacienda Las Pavas (El Peñón, sur de Bolívar) y que no podrán ser desalojadas de la hacienda mientras no se defina el proceso de extinción de dominio.

La extinción de dominio fue solicitada por los campesinos ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) en virtud del artículo 52 de la Ley 160 de 1994, a causa del estado de abandono de la tierra y de que su propietario no ejercía actos de dominio ni de explotación económica, mientras que las familias campesinas habían hecho posesión y habían convertido gran parte de esta hacienda en tierras productivas.
Según Banessa Estrada, abogada de la comunidad y funcionaria del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, «es la oportunidad para que el INCODER dé aplicación a las normas agrarias desde una óptica constitucional, es decir a favor de las comunidades despojadas y desplazadas».

Está por comprobar en el proceso la “buena fe” de las compañías palmeras que adquirieron estas tierras mientras existía un proceso en curso y luego de que los campesinos fueran víctimas del desplazamiento forzado.

El litigio por Las Pavas

«Hay que creer en las instituciones» o «Las reclamaciones deben hacerse por las rutas que nos brindan la Constitución y la Ley» son del tipo de expresiones y el discurso permanente de funcionarios públicos para evitar la protesta social y convencer al pueblo que las vías jurídicas y de concertación son las únicas, necesarias y fructíferas para alcanzar la garantía de sus derechos. En esto creyeron las familias de ASOCAB y por esto iniciaron el trámite de Extinción de Dominio en el año 2006. Sólo 29 meses después se le dio inicio formal, pero cuando todo indicaba que se iba a tomar una decisión a favor de la comunidad el proceso dio un giro en febrero de 2010 y fue archivado tras una decisión ilegal beneficiando a las empresas palmeras.


Decisión de la Corte Constitucional

El pasado 5 de mayo la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-267 de 2011 mediante la que se resuelve la Acción de Tutela interpuesta por ASOCAB contra la Inspección Única de Policía de El Peñón (Bolívar) por la violación de los derechos al trabajo, la vida digna y el debido proceso de la comunidad de Las Pavas. La sentencia ratificó la condición de víctimas del desplazamiento forzado que ostentan las familias campesinas de Las Pavas reconocida por el Estado colombiano tal como lo demuestra la inscripción de la comunidad en el RUPD (Registro Único de Población Desplazada) y de algunos de los predios que conforman la hacienda Las Pavas en el RUPTA (Registro Único De Predios y Territorios Abandonados).

Igualmente, el alto tribunal ha dejado sin efecto los actos administrativos mediante los que la Inspección de Policía del Municipio El Peñón desalojó a estas familias de Las Pavas en el año 2009, así como aquellos que decretaron la nulidad del proceso de Extinción de Dominio de los predios Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere, y la posterior negativa a la reapertura de este procedimiento. La Corte ordena al INCODER retomar el procedimiento de Extinción de Dominio en el estado en que fue suspendido tras decretarse ilegalmente su nulidad.

La sentencia de la Corte Constitucional reconoce la posesión de los campesinos de ASOCAB sobre los predios Peñaloza, Las Pavas y Si Dios Quiere y la ocupación de los otros 11 predios baldíos que, con los primeros, conforman la hacienda Las Pavas, legitimando así el retorno de la comunidad a estas tierras y brindándole el sustento jurídico para retomar la explotación económica de la totalidad de los 14 predios por lo menos hasta que se tomen decisiones de fondo en los procedimientos administrativos de Extinción de Dominio y Clarificación de la Propiedad.

Con el retorno de la comunidad a Las Pavas y el pronunciamiento de la Corte se inicia una nueva etapa en el caso en la que exigimos una respuesta efectiva del Estado colombiano dando cumplimiento a esta sentencia.

El pronunciamiento de la Corte incide en la política pública en materia agraria, pues se ha ordenado al INCODER interpretar las normas agrarias que rigen estos procesos desde una óptica constitucional, es decir, resolviendo estos procesos en beneficio de las comunidades vulnerables, en este caso las comunidades desplazadas por la violencia representadas por ASOCAB. De esta manera, esta sentencia se convierte en una herramienta jurídica importante para la defensa de los derechos a la tierra y el territorio de las poblaciones rurales en los procesos adelantados por el INCODER y en todos los procesos de restitución de tierras.

En ese sentido, al Ministerio de Agricultura y al INCODER no les queda más remedio que dar cumplimiento a la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional y cumplir la promesa que el Ministerio de Agricultura le hiciera a la comunidad de ASOCAB de restituirle la hacienda Las Pavas una vez se diera el fallo de la Corte, lo que ya ha sucedido.

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Capítulos del boletín

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