“La tierra que te van a dar será para que te entierren”

Este es el tipo de amenazas que reciben a diario las familias campesinas que reclaman la propiedad de las 2400 hectáreas que componen la hacienda Las Pavas, en el Sur de Bolivar, al nordeste de Colombia.

Estos son algunos de los hombres señalados de ser los responsables de las agresiones a la comunidad.

Algunos de los hombres señalados de ser los responsables de las agresiones a la comunidad.

Luego de la decisión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que anula la propiedad de la empresa Aportes San Isidro sobre el predio, en el lugar reina un ambiente tenso. Los insultos, amenazas y agresiones de parte de los hombres armados que custodian la casa principal de la Hacienda son constantes desde que Mario Mármol Montero, reconocido por la comunidad como miembro de los grupos paramilitares que azotaron la región en la primera década del 2000, asumió la administración del predio.

La empresa, de Propiedad de José Macías, ha instalado dos portones en el camino público que comunica el poblado de Buenos Aires con la concentración donde las familias campesinas retornadas a la hacienda tienen su asentamiento.

Este es uno de los portones instalados sobre la vía pública por Aportes San Isidro para bloquear el acceso a los campesinos y campesinas de Asocab.

Este es uno de los portones instalados sobre la vía pública por Aportes San Isidro para bloquear el acceso y el abastecimiento a los campesinos y campesinas de Asocab.

“Es parte de la estrategia de Aportes San Isidro, buscan que respondamos a sus provocaciones para poder atentar contra nosotros”, comenta Efraín Alvear, campesino de 63 años. “Tienen esos tipos armados, y uno con una cámara que filma a todo el que entra o sale, mientras los otros insultan y amenazan”.

De hecho, la noche del 16 de diciembre de 2012, su hijo, Tito Alvear, por poco resulta herido en un incidente que refleja la gravedad de la situación: “Escuchamos un disparo que venía del primer portón y salimos a ver qué pasaba, porque estábamos esperando a uno de nuestros compañeros que traía la gasolina para el generador eléctrico; Mario Mármol salió a cerrarnos el paso y mi hijo le reclamó airadamente, a lo que Mármol respondió con dos disparos a los pies”.

Según la comunidad, hay ex paramilitares entre los hombres contratados por la empresa como personal de vigilancia. Portan armas cortas y largas, y son los mismos que destruyen los alambrados, los cultivos y los ranchos de los campesinos y campesinas que permanecen en la hacienda.

Uno de los ranchos destruídos por el personal de Aportes San isidro.

Uno de los ranchos destruídos por el personal de Aportes San isidro.

La inoperancia de las autoridades locales es evidente. La diligencia de inspección ocular que debía adelantarse el día 18 de diciembre, por parte de la Inspección de Policía de El Peñón para constatar los daños en los cultivos de las familias retornadas, fue cancelada con el argumento de que no había suficientes agentes disponibles; a pesar de que el día anterior una patrulla de 8 hombres bajo el mando del Cabo Mateus, que dijo estar acampando en una finca cercana, llegó al predio ante la llamada de la comunidad.

El asedio a los campesinos, y a cualquier persona que se acerque a ellos es evidente. A finales del año pasado, un equipo de prensa internacional que se encontraba en la hacienda confirmó las afirmaciones de los campesinos: “Desde que llegamos nos insultaron y nos amenazaron con quitarnos las cámaras; diciendo que cuando hubiera un muerto, entonces sí íbamos a salir corriendo de allí. Cuando les solicitamos dar su versión de la historia ante las cámaras, se negaron, argumentando que no estaban autorizados por la empresa para hablar.”

Según Jennifer Mujica, subgerente de Tierras Rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la entidad estudia diferentes caminos para hacer efectiva la titulación de las tierras a nombre de las familias reclamantes, “a pesar de que hay muchas dificultades en el acompañamiento por parte de las autoridades municipales y de policía, que tienen que respaldar nuestras decisiones”. Según Mujica “la posición de los empresarios ante nuestra decisión es lamentable. Es una actitud de total desconocimiento del Estado Jurídico decir que las decisiones del Ministerio de Agricultura a través del Incoder son un acto de persecución”.

Mientras tanto, en Las Pavas, la situación de vulnerabilidad de la comunidad ante las continuas agresiones es preocupante y evidencia la situación de vulnerabilidad en el terreno para las familias retornadas.

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