Se reanuda proceso de Extinción de Dominio de la hacienda Las Pavas.

Una reciente decisión de la Corte Constitucional ampara los derechos a la vida digna y al trabajo de los campesinos y campesinas de ASOCAB.  Sin embargo, la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S se niega a participar en la diligencia de inspección ocular adelantada por el INCODER, acusando a esta entidad gubernamental y al Ministerio de Agricultura de querer “acabar con el agro colombiano”

Desde el pasado jueves 10 de octubre, una delegación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, se encuentra en la Hacienda Las Pavas, ubicada en el Municipio del Peñón, Sur del departamento de Bolívar, realizando la diligencia de inspección ocular en el marco del proceso de extinción de dominio que adelanta esta institución, de acuerdo a la sentencia T – 267 de la Corte Constitucional, que reconoce la posesión de las familias de ASOCAB sobre este territorio.

De acuerdo con información suministrada por los abogados y acompañantes de la comunidad, el pasado viernes 12 de octubre, el Señor Danilo Palacios, abogado de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A. que disputa la propiedad sobre esta tierra, y quien en reiteradas ocasiones ha amenazado e incluso maltratado a la comunidad de ASOCAB y a sus acompañantes, manifestó ante los funcionarios del INCODER que la empresa no participaría de la diligencia de inspección ocular ni aportaría pruebas, aduciendo que éste era un proceso viciado por las personas que lo adelantan. El abogado afirmó públicamente que “acudirá a todos los recursos  legales para probar que Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura; Myriam Villegas, Gerente del INCODER; y Jhenifer Mojica, Subgerente de Tierras Rurales del INCODER,  quieren acabar el agro colombiano y los derechos de propiedad en Colombia.”

Los trabajadores de la empresa palmera, además de no participar en la diligencia, han entorpecido el proceso, controlando los caminos para el ingreso a los predios, continúan envenenando animales de los campesinos de ASOCAB y persisten las intimidaciones y amenazas con arma de fuego a través de la empresa de seguridad privada creada por la misma empresa palmera para custodiar los predios.

Paralelamente, desde Bogotá la Corte Constitucional, ratificó su sentencia T – 267 de 2011, al negar el recurso de nulidad interpuesto por la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S, contra dicha sentencia. Según la decisión del alto tribunal, las familias de ASOCAB no pueden ser desalojadas de la hacienda Las Pavas hasta que no se defina el proceso de extinción de dominio, con lo cual ampara el derecho al debido proceso y los derechos a la vida digna y al trabajo, de los cuales son titulares los campesinos que han habitado dicho territorio por más de tres décadas.

Por su parte los campesinos y campesinas de ASOCAB continúan intentando ejercer su derecho de posesión sobre estas tierras, sembrando cultivos de pan coger y habitando sus parcelas, pese a la intimidación, la amenaza y la perturbación sobre la posesión que de manera reiterada hacen los trabajadores de la empresa palmera y sus representantes. ASOCAB siempre ha mantenido una postura pacífica y no violenta, confiando en que las autoridades gubernamentales garanticen sus derechos y puedan vivir por fin en su territorio y en paz.

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