Persisten situaciones de riesgo y amenazas en los procesos relacionados con reclamaciones de tierras

Campesino desplazado colombiano durante una manifestación. Diciembre de 2011

Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la política pública de retornos y reubicaciones, algunos comportamientos de la Fuerza Pública pueden aumentar dicho riesgo. El informe evidencia además una seria preocupación por la sostenibilidad de la garantía del derecho a la alimentación de la comunidad de Las Pavas.

En Agosto de 2012 la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada, adscrita a la Defensoría del Pueblo de la República de Colombia, publicó un informe con sus conclusiones y observaciones con respecto a “las condiciones bajo las cuales se han realizado los retornos informados por el Gobierno Nacional, así como las condiciones bajo las cuáles se pretenden adelantar los retornos que hacen parte del “Plan Retornar es Vivir””.

El informe es presentado como un análisis de la Política Pública de Retornos y Reubicaciones (PPRR), tanto en su dimensión escrita-discursiva, como en lo que respecta a su efectiva implementación. En él se documentan 33 casos de retornos y siete casos de reubicación distribuidos en diez departamentos y 32 municipios colombianos, entre los cuales se incluye el caso de la Hacienda Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar.

A continuación transcribimos algunas de las conclusiones de dicho informe, tomando como punto de referencia los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad:

Voluntariedad: Persisten las falencias mencionadas por la Corte Constitucional, en la medida en que la atención en los lugares de recepción continúa siendo precaria y no posibilita la integración local ni condiciones mínimas de vida de los hogares desplazados.

Adicionalmente, la oferta institucional está concentrada en los retornos que ya han tenido lugar, la inmensa mayoría de ellos sin acompañamiento del Estado, es decir, sin que se hubieran garantizado los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. Así las cosas, el actual enfoque de política pública se concentra en atender los retornos que ya ocurrieron y no deja claro cómo es el acompañamiento y la atención a nuevos retornos colectivos e individuales, con lo cual se asegura un continuado incumplimiento del principio de voluntariedad.

Seguridad: Las falencias identificadas por la Corte Constitucional no han sido superadas, puesto que persisten situaciones de riesgo para la población retornada y algunos comportamientos de la Fuerza Pública que pueden aumentar dicho riesgo.

Dignidad: De lo manifestado por el Gobierno Nacional en el Informe a la Corte Constitucional sobre el avance en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, cabe concluir que existe la intención de construir e implementar nuevos esquemas de intervención para procesos de retornos, lo que incluye realizar ajustes a la política existente, incorporando otras acciones y proyectos. Estos cambios en la política pública, empero, estaban en su mayoría previstos para iniciar su implementación a finales de 2011 o en el transcurso de 2012. Sin embargo, a la fecha de entrega de este informe no se observan cambios sustanciales en los esquemas de atención de los retornos.

Respecto al caso específico de Las familias desplazadas retornadas a la Hacienda Las Pavas, luego de una detallada descripción de los antecedentes, la cronología, las situaciones de riesgo, amenazas y judicialización de las cuales han sido víctimas los miembros de Asocab (asociación campesina que agrupa a las familias retornadas), el informe reconoce los esfuerzos adelantados por Acción Social para la entrega de las Ayudas Humanitarias de Emergencia. Sin embargo, manifiesta su preocupación por la sostenibilidad de la garantía del derecho a la alimentación de la comunidad.

La Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada enfatiza la importancia del caso de las familias campesinas desplazadas de Las Pavas: “Debe entenderse que los complejos intereses en juego en el caso Las Pavas, implican un reto para el Estado colombiano, en la medida en que una inadecuada o errada actuación de las instituciones podría conducir a la re victimización de la población desplazada. En este sentido, la importancia del caso Las Pavas debe entenderse en el marco más amplio de las diferentes estrategias que implementen aquellas personas naturales y jurídicas que se consideren afectadas por procesos de tierras.”

Solicita además que se garantice la atención humanitaria de la población desplazada y se dé respuesta a la solicitud de la comunidad para que se implementen proyectos productivos orientados a garantizar la seguridad alimentaria de las familias.

Ante las diferentes versiones existentes en relación con el desplazamiento forzado, que se ha traducido en la apertura de varios procesos penales y disciplinarios, se recomienda una especial vigilancia sobre estos procesos, de manera que se garantice el derecho al debido proceso.

Entre las conclusiones generales del informe se destacan las siguientes:

El Programa Familias en su Tierra constituye un avance en materia de atención a los retornos y reubicaciones… Sin embargo, es importante que se tengan en cuenta las falencias en la implementación y en la formulación del programa, particularmente aquellas que hacen referencia a la posibilidad de que se generen riesgos de división y para la vida, libertad e integridad personal de las comunidades.

La condonación de las deudas de la población desplazada sigue siendo una necesidad de gran importancia para garantizar la permanencia de la población en sus tierras, particularmente en aquellas regiones en donde la riqueza natural y/o la implementación de megaproyectos han despertado un desmesurado interés por adquirir tierras por parte de actores y grupos económicos poderosos. Las deudas no condonadas, han contribuido en muchos casos a la venta de las tierras de familias desplazadas que hubieran preferido retornar.

Durante el primer semestre del 2012 se ha profundizado la tendencia esbozada en el segundo semestre de 2011 en relación con el desconocimiento de la especificidad de las afectaciones, derechos y rutas de atención para la población desplazada. Esto es, la mayor parte de los funcionarios gubernamentales vienen manifestando que con la entrada en vigencia de la ley 1448 de 2011 “ya no se debe hablar más de desplazados, sino solamente de víctimas”. Este discurso, repetido sistemáticamente por funcionarios de la UARIV y del DPS, conduce a una eliminación discursiva de la problemática del desplazamiento forzado que se enmarca en la expresa aspiración del Gobierno Nacional a que la Honorable Corte Constitucional declare superado el Estado de Cosas Inconstitucional y suspenda el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004. En el entretanto, este tipo de discursos puede traducirse, además, en un retroceso en materia de atención a la población desplazada, desconociendo las obligaciones del Estado colombiano, en el marco de la sentencia T-025 y sus autos de seguimiento.

El reto del Gobierno Nacional es que, a través de este nuevo marco jurídico, las políticas públicas de restitución de tierras, retornos y reubicaciones se materialicen en políticas de restablecimiento de derechos que en complemento con otras políticas de prevención y protección, atención y reparación integral de víctimas, supere los obstáculos para el goce efectivo de derechos de la población desplazada que las medidas ejecutadas en los últimos años no han logrado resolver. Por lo tanto, es necesario hacer seguimiento a la implementación de la nueva ley a la luz de las órdenes de la Corte Constitucional, para determinar su contribución efectiva a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

Leer o descargar el informe completo

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Por el retorno a la tierra con economía campesina y soberanía alimentaria
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