Abogados piden cambio de la fiscal que lleva investigación por Las Pavas

Publicado en El Espectador el 12 de Enero de 2012

Los defensores de las familias que fueron desplazadas señalaron que la fiscal Myriam Martínez Palomino no tiene independencia y parcialidad frente a este caso.

El abogado Jorge Molano, quien defiende los intereses de las víctimas del desplazamiento forzado en la hacienda Las Pavas en el año 2009, en el sur de Bolívar, le solicitó a la fiscal General, Viviane Morales que remueva de su cargo a la fiscal Myriam Martínez quien adelanta la investigación por un presunto fraude en este caso. 

Según el jurista, la fiscal que adelanta la investigación “tiene fallas en la objetividad”, puesto que “busca afectar la imagen de los defensores de los derechos humanos y de las víctimas del desplazamiento forzado por parte de grupos paramilitares”.

Para el abogado de los líderes de las Pavas “es preocupante las declaraciones que ha hecho la fiscal de Cartagena en las que se ha estigmatizado tanto a las víctimas como a sus abogados, tiene serias faltas argumentativas y son expresiones de las empresas que tienen intereses en el territorio”.

A finales de noviembre del año pasado, reventó el escándalo cuando la fiscal de Cartagena manifestó mediante una providenca que existían irregularidades en el reconocimiento de las víctimas de las Pavas, las cuales habrían buscado remuneración económica a través de un montaje.

“Se trata del emblemático caso de desplazamiento de la finca Las Pavas, sur de Bolívar, ocurrido en 2009, que según la decisión judicial nunca ocurrió y que sirvió para que varias entidades oficiales, entre ellas la Corte Constitucional, fueran engañadas”, de acuerdo con el informe presentado en ese momento, y por el cual se abrieron varias investigaciones disciplinarias y penales con el fin de determinar la veracidad de los casos del desplazamiento.

Según el informe, el supuesto desplazamiento de 130 familias a manos de paramilitares nunca fue real y los supuestos campesinos desplazados actuaron porque una ONG los convenció.

“Las supuestas víctimas, agremiadas en una ONG conocida como Asocab, denunciaron a Colombia ante organismos internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos, por violaciones al DIH, incluso una tutela de la Corte Constitucional ordenó que los supuestos desplazados regresaran a la finca y se apropiaran de ella. Sin embargo, lo que hoy la Fiscalía General descubrió fue que detrás del supuesto desplazamiento hubo un montaje contra el Estado colombiano para desprestigiarlo internacionalmente y sacarle provecho económico”.

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