FIAN Internacional: Apoyo a la Comunidad de Las Pavas – ASOCAB

Heidelberg, Ginebra 7 de diciembre de 2012

FIAN Internacional es una organización internacional no gubernamental de derechos humanos. Su sede principal se encuentra en la ciudad de Heidelberg en Alemania. FIAN tiene estatus consultivo ante las Naciones Unidas y trabaja en más de 50 países en el mundo en pro de la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. Nuestra organización conoció del caso de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), más conocido como el caso de Las Pavas el año 2009 durante una misión investigadora sobre los impactos de los agrocombustibles en los derechos humanos, y desde entonces ha mantenido el contacto permanente con los líderes y abogados de la comunidad. Así mismo, FIAN hace parte del grupo de  apoyo a ASOCAB, en el seno del cual ha cooperado cercanamente con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, así como con otras organizaciones, con el objetivo de trabajar de manera sistemática en la defensa jurídica del caso.

Al igual que las demás organizaciones que apoyan a  la comunidad, FIAN recibe con gran preocupación las  acusaciones contra ASOCAB por parte de la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición, Seccional Cartagena, Myriam Martínez Palomino, respaldada por la Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, y emitidas en el contexto de un  proceso penal por el desplazamiento de las 130 familias que conforman la comunidad de Las Pavas. Estos pronunciamientos y el respaldo apresurado a los mismos por parte de otras autoridades de alto nivel, incluyendo al Presidente de la República, invierten el papel de las víctimas convirtiéndolas en acusados, y  entorpecen y demoran  la solución de las violaciones del derecho a la alimentación de la comunidad evidenciadas en el marco del proceso ante la Corte Constitucional, del cual se derivó la decisión T-267 de 2011. Actuaciones de esta naturaleza ponen en un riesgo innecesario la seguridad y honra de las víctimas y agravan su situación de vulnerabilidad, contradiciendo la obligación de respeto de los derechos humanos asumida internacionalmente por el Estado Colombiano.

Ese tipo de vulneraciones se hacen extensivas, además, a quienes asumen la defensa y acompañamiento de quienes no han sido protegidos efectivamente por el Estado. Un análisis serio de las afirmaciones de la Fiscal debería tomar en consideración que, según lo han sostenido el mismo Ministerio de Agricultura y el INCODER en sus comunicado de 2 de diciembre de 2011, “desde el gobierno anterior [los miembros de ASOCAB – Las Pavas]  fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado por Acción Social y tienen a su favor medidas de protección de las tierras. El registro de estas personas como población desplazada se produjo como consecuencia de un proceso adelantado por Acción Social, en el cual se evalúa la veracidad de los juicios relatados”.

En este contexto, FIAN respalda la preocupación del Ministerio de Agricultura y el INCODER sobre el posible efecto descontextualizador que las afirmaciones de la Fiscal Quinta de la Unidad Nacional de Desplazamiento y Desaparición, Seccional Cartagena, pueden tener en la estabilidad jurídica y el respeto del estado de derecho en la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Desde nuestro punto de vista, esto afectaría la realización del derecho a la alimentación adecuada, derecho que es sistemáticamente violado a millones de colombianos y colombianas, como efecto de los desplazamientos causados en el marco del contexto armado, incluyendo las familias de ASOCAB.

Siendo así, solicitamos comedidamente a las autoridades competentes:
–  Que se adopten prontamente medidas efectivas de protección a las familias de Las Pavas frente a cualquier agresión jurídicao, física, mediática o psicológica, y se adopten todas las medidas necesarias para evitar que se repitan actuaciones similares que afectan a quienes defienden sus derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Estas acciones deben ser ampliadas a los defensores y  organizaciones acompañantes de la comunidad.

–  Que se adelanten todas las medidas necesarias para  agilizar los procesos administrativos de extinción de dominio y clarificación de la tradición de la propiedad de los predios donde está la
comunidad, que cursan en el Ministerio de Agricultura, en seguimiento de las instrucciones
impartidas por la Corte Constitucional, en relación con la comunidad de las Pavas.

–  Que hasta el momento en que el Estado garantice el acceso de los miembros de ASOCAB a los recursos que les permitan alimentarse, el Estado garantice acceso a alimentación segura, cultural  y nutricionalmente adecuada a los miembros de la comunidad.

–  Que la Fiscal General de la Nación, investigue la actuación de la fiscal seccional de Cartagena y la aclaración de las inculpaciones que en la misma providencia se pretende hacer contra las organizaciones acompañantes, nacionales e internacionales.

–  Que la Fiscal General de la Nación  investigue si en las acciones dirigidas a torpedear la restitución de derechos de la comunidad de Las Pavas y estigmatizar a ASOCAB y las organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan, han intervenido o
presionado los actores reconocidos por la comunidad como victimarios o cómplices de estos en el proceso.

Atentamente,

Martin Wolpold Bosien
Coordinador del Programa de Exigibilidad
FIAN Internacional

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Acerca de retornoalaspavas

Por el retorno a la tierra con economía campesina y soberanía alimentaria
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