Comunicado de Minagricultura e Incoder

LA RECUPERACIÓN DE BALDÍOS INDEBIDAMENTE APROPIADOS Y EXPLOTADOS POR PARTICULARES ES UN OBJETIVO QUE SE BUSCA EN EL CASO “LAS PAVAS”

A raíz de la decisión tomada por una fiscal de Cartagena que ha trascendido al público por los medios de comunicación, en la cual se puso en tela de juicio la calidad de víctimas del grupo de campesinos que afirman haber sido desplazados forzadamente del predio las Pavas, se ha generado un enorme escándalo en torno al caso, por lo que es preciso desde el Ministerio de Agricultura y el INCODER aclarar  los efectos que dicha decisión tiene sobre los procesos agrarios que se adelantan en la actualidad.La decisión del archivo de investigación preliminar tomada por la fiscal de Cartagena no tiene implicación directa en los procesos adelantados por el INCODER en el caso La Pavas. La razón es que estos procesos se desarrollan conforme a la legislación agraria y sus postulados.

Las actuaciones que adelanta el INCODER se hacen en cumplimiento de la ley agraria y en seguimiento de instrucciones impartidas por la Corte Constitucional en su sentencia T-267 de 8 de abril de 2011, cuyo fin último es investigar si las empresas C.I. Tequequendama y Aportes San Isidro S.A.  se apropiaron indebidamente de tierras baldías de la Nación, o si incurrieron en alguna de las causales para la extinción el dominio por la no explotación económica o por haber ocasionado daño ambiental.

El INCODER en el caso Las Pavas adelanta y seguirá adelantando dos tipos de procesos administrativos contemplados en la ley 160 de 1994. En primer lugar, un proceso de clarificación de la propiedad sobre 11 predios (1,300 hectáreas), con el fin de revisar que la tradición de los bienes se haya dado de manera legítima y determinar si se tratan de terrenos baldíos de la Nación, caso en el cual se procedería a su recuperación y posterior adjudicación a campesinos sin tierra.

En segundo lugar, se adelanta un proceso de extinción de dominio por inexplotación económica sobre 3 predios (1.367 Has.), en el cual se busca determinar si se ha dado o no la explotación del predio de acuerdo a lo establecido en la ley. Este proceso lo reabrió el INCODER en cumplimiento de las órdenes que le fueron dadas por la Corte Constitucional en la sentencia que decidió tutelar los derechos fundamentales de los campesinos de Las Pavas.

Los campesinos de Las Pavas dese el gobierno anterior fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado por Acción Social y tienen a su favor medidas de protección de tierras. El registro de estas personas como población desplazada se produjo como consecuencia de un proceso adelantado por Acción Social, en el cual se evalúa la veracidad de los hechos relatados. Será la nueva Unidad de Víctimas quien deberá determinar si la población debe continuar incluida o ser excluida de este registro.

El Ministerio de Agricultura y el INCODER censuran y censurarán cualquier postulación de alguien que sin ser víctima se haga pasar como tal. Para ello, se observará con lupa lo establecido por el artículo 120 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448de 2011) que reza:
“ARTÍCULO 120. RÉGIMEN PENAL. El que obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de ocho (8) a doce (12) años. De la misma manera, el servidor público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta, facilite, o efectúe la inscripción en el registro de tierras despojadas, incurrirá en la misma pena e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años.

Las mismas penas se impondrán al que presente ante el Tribunal solicitud de restitución de tierras en desarrollo de las disposiciones de esta ley, sin tener la calidad de despojado, o a quien presente oposición a una solicitud de restitución, a través de medios fraudulentos o documentos falsos y a quien emplee en el proceso pruebas que no correspondan con la realidad.

Quienes acudan al proceso y confiesen la ilegalidad de los títulos o el despojo de las tierras o de los derechos reclamados en el proceso se harán beneficiarios al principio de oportunidad previsto en el código de procedimiento penal.”

Si alguien se coló haciéndose pasar por víctima que se le sancione con todo rigor. Pero esto de ninguna manera implicará que no haya castigo para quien usurpó y se apropió ilegalmente de tierras del estado. El fraude de algunos que se hacen pasar por víctimas no puede tener el peso de invisibilizar la realidad del conflicto armado y el abandono y despojo de tierras, y mucho menos servir de caballito de batalla de quienes quieren poner palos en la rueda a la implementación y éxito de esta política de tierras.

Valga recordarse que la decisión de archivo de la indagación preliminar tomada por la fiscal de Cartagena no es cosa juzgada y en cualquier momento se podrá desarchivar la investigación cuando se encuentren nuevos elementos materiales probatorios que lo ameriten.

Nos parece peligroso y ojalá que no sea malintencionado utilizar este episodio de la providencia tomada por la fiscal de Cartagena, para descontextualizar o tejer un manto de duda sobre la estabilidad jurídica y el respeto al estado de derecho con que se va a aplicar rigurosamente la ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

RED DE COMUNICACIONES
MADR – FINAGRO – BANCO AGRARIO – ICA – CCI – CORPOICA – INCODER – FIDUAGRARIA – BMC

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Acerca de retornoalaspavas

Por el retorno a la tierra con economía campesina y soberanía alimentaria
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