El desfase de la Fiscalía en el caso de Las Pavas

Artículo Publicado por LaSillaVacía.com

Nos permitimos reproducir este completo análisis realizado por Dora Montero Carvajal y publicado por este importante portal de Análisis Político.

La fiscal Viviane Morales dijo hoy que en la Hacienda Las Pavas, en el sur de Bolívar, nunca hubo desplazamiento forzado y que el caso era una farsa montada por un grupo de personas que buscaba lucrarse con la restitución. Para realizar esas declaraciones a Caracol Radio la Fiscal General se basó en la decisión de una Fiscal de Cartagena que archivó una denuncia de 2009 por desplazamiento forzado porque consideró que en esa zona del sur de Bolívar los paramilitares no desplazaron a nadie. Pero ese fallo de la Fiscal de Cartagena que fue contado al país por el ex ministro Fernando Londoño en su programa La Hora de La Verdad, está lleno de imprecisiones.Londoño, quien fue ministro del Interior de Álvaro Uribe y es unode los voceros de la derecha en Colombia, puso a rodar la bola. Y rápidamente la retomaron otros grupos de derecha como Restauración Nacional, un grupo que se autodenimina de ultraderecha y que publicó una entrada en su página web. La noticia llega después de que en el Centro de Pensamiento primero Colombia, el think tank del uribismo, publicara las denuncias de una nueva asociación campesina de Las Pavas contra los campesinos que han luchado por regresar al lugar del que fueron desplazados y contra las organizaciones que los han acompañado.

Ellos han comparado la noticia sobre Las Pavas con el caso de Mapiripán, donde se probó la existencia de falsas víctimas que pedían indemnizaciones. Pero el caso de la Hacienda Las Pavas es completamente diferente. Se trata de 123 familias que ocuparon un pedazo de una finca en el sur de Bolívar porque estaba abandonada por su dueño, Jesús Emilio Escobar Fernández, pero que fueron desplazados por los paramilitares.

Al volver en 2003 comenzaron a organizar sus cultivos y en 2006 pidieron al Gobierno que les titularan las tierras que estaban trabajando. Pero un año después a la hacienda le aparecieron nuevos dueños que trancaron el proceso de extinción de dominio y que hasta hoy mantienen la propiedad de la tierra. Sobre este caso, la Corte Constitucional emitió un fallo histórico.

Hace ocho meses, en La Silla Vacía advertimos sobre la encrucijada del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en este caso que mueve millonarios intereses privados y en el que Minagricultura y la Corte Constitucional ya habían dado su respaldo a los campesinos.

La razón es que en ese Ministerio reposan todos los documentos que prueban la pelea de los campesinos por la titulación de la Hacienda desde 2006, antes de que en 2007 Las Pavas pasara a manos de la familia Dávila Abondano, la misma que está investigada por recibir irregularmente subsidios de Agro Ingreso Seguro y que estaba detrás del proyecto de construcción del hotel de siete estrellas en el parque Tayrona.

Aunque hace un año los Dávila Abondano cedieron su propiedad para evitar que Body Shop les cancelara el contrato que tiene con ellos, uno de sus socios se quedó con el multimillonario proyecto de siembra de palma africana que allí se mantiene. Y siempre quedó la pregunta de cómo ellos había logrado comprar esas tierras sobre las que el Incoder adelantaba un proceso de extinción de dominio.

El fallo de la Fiscal de Cartagena

El fallo de la Fiscalía en que se archiva la denuncia por desplazamiento forzado es del 11 de noviembre. Se originó en una denuncia contra el desalojo realizado por el inspector de Policía Omaldo García Capataz, del municipio de El Peñón, el 14 de julio de 2009.

Ese desalojo lo había ordenado el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompox, Bolívar, que resolvió definitivamente una lucha jurídica entre la comunidad que estaba en ese momento en predios de Las Pavas y los empresarios palmeros. El Juez le ordenó al Inspector de Policía que sacara a los campesinos y éste así lo hizo. Ellos se mantuvieron fuera de la finca hasta abril pasado, cuando la justicia ordenó que el proceso de extinción de dominio que ellos habían comenzado desde 2006 pero que varios jueces habían desechado, debía comenzar desde cero.

Sobre ese desalojo era la denuncia que hace tres semanas desechó la Fiscal de Cartagena, Myriam Martínez. Pero al tiempo con la decisión de archivar el caso del desalojo lo hizo también con el desplazamiento forzado que consideró “nunca existió”, a pesar de que nunca se refirió a lo que había ocurrido en 2003.

Entre los argumentos de su decisión, la Fiscal Myriam Martínez concluye que “en ningún momento las familias residentes del corregimiento de Buenos Aires, han sido objeto de actos violentos como producto de conflicto armado en esta zona del municipio” y por lo tanto no tenían motivo para desplazarse. Sin embargo, un grupo de académicos de la Universidad Javeriana, encabezados por el profesor Roberto Vidal, aseguraron que varios paramilitares del Bloque Central Bolívar que operaban en la zona de la depresión momposina y el sur de Bolívar, donde queda la Hacienda Las Pavas, aseguraron que sí operaron en la zona y obligaron a las familias que no estaban con ellos a que abandonaran sus fincas.

La Fiscal también da como argumento que muchos de los líderes de los campesinos desplazados, entre ellos el vocero Misael Payares, tenían casa en el corregimiento de Buenos Aires. Y esto es cierto. En sus argumentos los campesinos siempre han dicho que en 1993 cuando comenzaron a explotar las tierras de Las Pavas porque estaban abandonadas, sólo tenían allí sus cultivos de yuca, ñame y plátano, y todos los días caminaban desde Buenos Aires hasta las Pavas. Después de unos años de explotación de la tierra fue que ellos decidieron irse a vivir allá.

Otro argumento de la Fiscal es que todos los líderes campesinos mintieron sobre el caso porque no existen documentos que prueben el desplazamiento forzado que los campesinos denuncian desde 2003 y asegura que solo a comienzos de 2009 comenzaron a hablar del tema, asesorados por organizaciones no gubernamentales.

Sin embargo, desde comienzos de 2005 los campesinos de Las Pavas tramitaron préstamos con el Banco Agrario para realizar varios proyectos de cultivos tecnificados, uno de ellos de maíz y cacao y formaron la Asociación de Campesinos Cacaoteros de Buenos Aires. Y a comienzos de 2006 fueron al Incoder y solicitaron la titulación de las tierras que venían cultivando. La primera visita la realizó el Incoder en abril de 2006 y entre el 20 y el 23 de junio de ese mismo año, el Incoder practicó otra visita en que concluyó que la explotación de tierras por parte de los campesinos tenía por lo menos seis años y que el resto del predio estaba en abandono. Y además dijo que el terreno era apto para una reforma agraria.

Todo esto ocurrió ocho meses antes de que Jesús Emilio Escobar Fernández (de quien siempre se había dicho que era tío de Pablo Escobar, pero la juez asegura que no es así) vendiera la finca a las firmas CI Tequendama y Aportes San Isidro. La primera pertenece al grupo Daabon (de los Dávila Abondano) y la segunda a José Ernesto Macías. Esa escritura de venta se firmó el 10 de marzo de 2007 en la Notaría 9 del Círculo de Barranquilla, sin que en algún momento apareciera la advertencia de que el predio que sobre el predio que se estaba negociando había un proceso de extinción de dominio abierto.

A lo largo de su análisis, la Fiscal insiste varias veces en que la hacienda siempre fue propiedad de Escobar Fernández y que fue a él a quien le invadieron su tierra los mismos campesinos que trabajaban para él, pero que nunca fue abandonada. Pero el informe del Incoder de 2006 niega esta versión.

Otro argumento de la Fiscal es que nunca existió una denucia ante el Incoder, ni ante la administración municipal o departamental de estos campesinos como desplazados ni en 1995, 1998, 2003, 2006, 2007 o 2008. Sin embargo, sí existió denuncia ante la Personería del Peñón en 2003 cuando según los miembros de Asocab, fueron víctimas de amenazas por parte de uno de los jefes locales del Bloque Central Bolívar de las AUC, identificado con el alias de “comandante Raúl”. Y así se lo dijo el personero del Peñón a los autores del informe sobre el desplazamiento de Las Pavas  publicado por la misma firma Daabon, y que fue consignado en la página siete.

La Fiscal Martínez también argumenta que la única denuncia por desplazamiento existente la hizo Pedro Moreno Redondo en 2009 ante la Personería Municipal de El Peñón. Sin embargo, ese mismo hombre se retractó el 15 de junio de 2011 ante la Notaría Única municipal de El Peñón. El campesino dijo que nunca hubo tal desplazamiento, que todo era una farsa y que él guardó el secreto muchos años pero se arrepintió porque se convirtió al cristianismo. Moreno fue el autor de la denuncia que publicó el Centro de Pensamiento Primero Colombia.

La historia de Moreno y de otros diez o doce campesinos de Las Pavas ya había sido contado a La Silla Vacía hace más de un año por los líderes de Asocob. Desde esa época Moreno y los otros campesinos aceptaron trabajo de los dueños de los cultivos de palma y en compensación recibieron un pedazo de tierra y auxilios educativos y de salud. Y desde ese momento se retiraron de la Asociación y se alejaron de la pelea por la tierra.

De lo que la Fiscal nunca habla es de cómo pudo hacerse la negociación entre Escobar Fernández y los Daabon cuando había un proceso de extinción del dominio. Es más, nunca en la decisión nombra a los nuevos propietarios de la tierra, por quienes se dio el desalojo y todas las querellas que no han permitido la titulación de las tierras a las familias campesinas.

El escándalo por este caso de Las Pavas, que es uno de los más emblemáticos del desplazamiento por grupos armados, y que el mismo Gobierno está tratando de desenredar desde varias entidades (Incoder, Superintendencia de Notariado, Ministerio de Agricultura), preocupao porque se da simultáneamente con el avance de otros procesos claves en la aplicación de la Ley de Víctimas como el de Curvaradó y Jiguamiandó, que está a punto de entregarle la propiedad a sus verdaderos dueños.

Y se da también mientras Misael Payares, el líder de los campesinos desplazados de la Hacienda Las Pavas, está en Barcelona. Representa a las víctimas de desplazamiento en Colombia ante la Mesa Catalana por la paz y los derechos humanos de Colombia. Allá está contando la historia que todavía no se termina de escribir.

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Una respuesta a El desfase de la Fiscalía en el caso de Las Pavas

  1. Edgar Palacios dijo:

    Esperemos que los campesinos logren recuperar esas tierras para sus familias. Bastante ha sufrido la gente del campo colombiano como para que les arrebaten sus posesiones y ahora que dizque hay decisión política de restaurarles sus tierras, aparecen los vivos de siempre. Si el paraco Fernando Londoño dice que los paracos no desplazaron a nadie en esa zona, pues ni modo de creerle, ese tipo es más falso que un bileete de tres pesos.

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