El Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo explicó que esta facultad la podrían usar en casos como el de la finca de Las Pavas (Bolívar). “Allí, parece ser que se apropiaron indebidamente de tierras que debían ser reservadas a usos ecológicos y a reservas ambientales, y abusivamente se sembró palma africana y eso está prohibido”.

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1. ¿Cuál es el trasfondo y objetivos de la organización a la que pertenece?

La Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) fue creada en 1998 para defender a las y los campesinos de este corregimiento del Sur de Bolívar, su seguridad alimentaria y su bienestar.  “Somos 572 campesinos que conformamos ASOCAB para reclamar el derecho a cultivar la Hacienda de Las Pavas que perteneció a nuestros abuelos desde su fundación. Los socios de ASOCAB  hemos confiado en el Estado de Derecho. Hemos realizado los trámites legales para la titulación de las tierras y para que se respete nuestra vida y nuestro medio ambiente, somos gente pacífica y trabajadora. Pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta satisfactoria.

 2. ¿Cómo/por qué se ha dedicado a esta línea de trabajo (defensor de derechos humanos)?

Tengo 64 años y llevo más de 40 pendiente de la comunidad; participé en la primera junta de acción comunal y en la primera junta de mejoras para construir la iglesia. Adicionalmente, soy el Represente legal de ASOCAB desde su fundación.  Desde joven he visto como maltratan a los campesinos, la clase más desprotegida de esta nación. Mis abuelos me enseñaron cómo querer esta tierra, cómo respetar los árboles, los humedales porque vivimos de ellos, porque no se trata sólo de cuadritos de tierra. Alguien tiene que hablar porque tenemos los mismos derechos aunque no hemos nacido en la ciudad. Y eso haré hasta que Dios me lo permita.

 3. ¿ Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su organización? 

La maquinaria que impide a los campesinos vivir en su tierra y ataca a los que defienden sus derechos.

Existen muchos intereses de las grandes empresas sobre nuestro territorio, una tierra productiva y con  recursos naturales. Nos acusan de violentos porque defendemos los derechos  ¿con qué herramientas vamos a hacer terror? Tenemos dificultades para llevar a los niños al colegio, para dormir y para casi todo.

Cuando tenemos acceso a la tierra producimos maíz, yuca, ahuyama, arroz. ¿Con eso se hace terrorismo? ¿Con una ahuyama se mata? ¿Con una ahuyama se hace la guerra?  Pero creemos en Dios y en los acompañantes, somos defensores de la vida.

 4. ¿ Algún mensaje clave que quiera darles a nuestros lectores?

Muchas felicitaciones  en este principio de año y que Dios nos siga iluminando y que nos sigan acompañando para que entre todos podamos defender nuestro planeta.  Somos el barro para una figura nueva, para crear una nueva figura de reclamar los derechos. El sistema que hemos llevado nosotros es el respeto, aunque hoy digan lo contrario. Me gustaría que un día pudiéramos dejar de vender nuestros daños o penas. Dejar de festejar cómo nos matamos. Ojalá algún día mostremos que no nos estamos matando más. Ojalá mis 5 nietos puedan vivir tranquilos. Eso es lo que me da fuerzas para continuar.

Los defensores de las familias que fueron desplazadas señalaron que la fiscal Myriam Martínez Palomino no tiene independencia y parcialidad frente a este caso.

El abogado Jorge Molano, quien defiende los intereses de las víctimas del desplazamiento forzado en la hacienda Las Pavas en el año 2009, en el sur de Bolívar, le solicitó a la fiscal General, Viviane Morales que remueva de su cargo a la fiscal Myriam Martínez quien adelanta la investigación por un presunto fraude en este caso. 

Según el jurista, la fiscal que adelanta la investigación “tiene fallas en la objetividad”, puesto que “busca afectar la imagen de los defensores de los derechos humanos y de las víctimas del desplazamiento forzado por parte de grupos paramilitares”.

Para el abogado de los líderes de las Pavas “es preocupante las declaraciones que ha hecho la fiscal de Cartagena en las que se ha estigmatizado tanto a las víctimas como a sus abogados, tiene serias faltas argumentativas y son expresiones de las empresas que tienen intereses en el territorio”.

A finales de noviembre del año pasado, reventó el escándalo cuando la fiscal de Cartagena manifestó mediante una providenca que existían irregularidades en el reconocimiento de las víctimas de las Pavas, las cuales habrían buscado remuneración económica a través de un montaje.

“Se trata del emblemático caso de desplazamiento de la finca Las Pavas, sur de Bolívar, ocurrido en 2009, que según la decisión judicial nunca ocurrió y que sirvió para que varias entidades oficiales, entre ellas la Corte Constitucional, fueran engañadas”, de acuerdo con el informe presentado en ese momento, y por el cual se abrieron varias investigaciones disciplinarias y penales con el fin de determinar la veracidad de los casos del desplazamiento.

Según el informe, el supuesto desplazamiento de 130 familias a manos de paramilitares nunca fue real y los supuestos campesinos desplazados actuaron porque una ONG los convenció.

“Las supuestas víctimas, agremiadas en una ONG conocida como Asocab, denunciaron a Colombia ante organismos internacionales y gobiernos como el de Estados Unidos, por violaciones al DIH, incluso una tutela de la Corte Constitucional ordenó que los supuestos desplazados regresaran a la finca y se apropiaran de ella. Sin embargo, lo que hoy la Fiscalía General descubrió fue que detrás del supuesto desplazamiento hubo un montaje contra el Estado colombiano para desprestigiarlo internacionalmente y sacarle provecho económico”.

Enlace: http://www.confidencialcolombia.com/laspavas/

Emisión del Sábado 17 de diciembre de 2011 del programa Contravía, dedicada al caso de la hacienda Las Pavas.

Habla el párroco Ubaldo Díaz, testigo de la lucha por las tierras agrícolas de Las Pavas entre las 123 familias campesinas que reclaman su posesión y los ricos palmeros que dicen ser sus propietarios legítimos.

Él (Alfonso Dávila Abondano) me llamó aparte y me dijo que a mí me escuchaba la comunidad y que por eso quería hablar conmigo. Después me contó que tenía una fundación de niños especiales en Barranquilla. Y me dijo: “Padre, ¿qué necesita para que me ayude con los campesinos?”. Le contesté que lo que quería él no me lo podía dar. Me abrió los ojos y me preguntó qué deseaba. “Quiero justicia”, le respondí.

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1. La estrategia de desprestigio a las víctimas y las ONG’s fue orquestada desde el DAS

2. Mediante organizaciones “paralelas” se deslegitima a las víctimas y sus acompañantes

3. Editorial MOVICE: La comunidad de las Pavas, resiste en dignidad

4. “Se están desvirtuando las luchas de las comunidades campesinas”

5. Se están creando organizaciones para desprestigiar a las víctimas

6. ASOCAB afirma que no es suficiente con la decisión de la Corte Constitucional

7. En grave riesgo las familias que retornaron a Las Pavas

Por: Omar Vera – diciembre 14 de 2011

Una delegación de 83 desplazados de la finca Las Pavas, junto a otros campesinos y mineros del sur de Bolívar, el Movimiento Nacional de víctimas de Crímenes de Estado y defensores de derechos humanos, hizo presencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el pasado 14 de diciembre, para exigir al gobierno que respete la verdad sobre el desplazamiento forzado que vivió esta comunidad en 2003, cuando los paramilitares reunieron a los pobladores para decirles que debían irse si no querían ser asesinados.
La protesta se dio mientras representantes de las cuatro principales plataformas de defensa de los derechos humanos en Colombia y Misael Payares, uno de los voceros de los campesinos de Las Pavas, se reunían con el gobierno para exigir claridades ante las declaraciones del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien señaló, el pasado 1 de diciembre, que dentro de estos campesinos se encontraban unas falsas víctimas que habían usado argumentos “fraudulentos” y que estaban “fabricando víctimas de desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones del Estado”.Las acusaciones ocurrieron después de que el polémico grupo Daabon denunciara penalmente a los campesinos por el delito de despojo de tierras, luego de su retorno a Las Pavas en el pasado mes de abril, y la fiscal Myriam Martínez, de Cartagena, emitiera un informe en el que señalara que en la zona no hubo presencia paramilitar ni desplazamientos forzados por esta causa, y que varios de los líderes de la comunidad de las Pavas tendrían vínculos con la guerrilla. Sin embargo, las declaraciones de varios jefes paramilitares confirman que no sólo han operado en esta región desde inicios de los años 90 sino que instalaron una base de operaciones allí. Para las 123 familias de Las Pavas estas acusaciones sólo aumentan la persecución que han sufrido durante los últimos años por el simple hecho de reclamar su tierra y han exigido protección por el grave riesgo que corren sus vidas.

Al grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano de Santa Marta y beneficiario de millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro, las denuncias por el caso de Las Pavas ya le había costado uno de sus principales negocios en 2009, cuando la oficina principal de The Body Shop, multinacional productora de cosméticos, le cancelara los contratos como proveedor del aceite de palma usado en sus productos, pues según diferenes campañas internacionales esta sustancia provenía de cultivos ubicados en terrenos usurpados por acción de los paramilitares o reclamados por campesinos desplazados en el norte de Colombia, como es el caso de Las Pavas, que Daabon había comprado en 2007.

Este caso hizo que la Corte Constitucional ordenara al Incoder adelantar un proceso de extinción de dominio que, debido a problemas en el trámite por parte de funcionarios de esa entidad, aún no ha sido llevado a cabo. Actualmente, Las Pavas son explotadas por la empresa Aportes San Isidro, coopropietaria de Daabon, que ha extendido los cultivos de palma aceitera sobre algunas de las tierras que los desplazados reclaman como propias y ha pedido la intervención de las autoridades para expulsar a los campesinos retornados.

Para Eliud Alvear Cumplido, un labriego que además es educador y uno de los líderes de Las Pavas acusados por la fiscal Martínez, los señalamientos del grupo Daabon, la Fiscalía de Cartagena y el ministro Vargas Lleras ponen en gran riesgo a la comunidad de campesinos desplazados y “son como si nos pusieran una lápida en el pecho”, pues “en los alrededores todavía hay algunos grupos al margen de la Ley”. Agrega que el informe de esa Fiscalía “hace referencia a un caso de 2009, que es diferente a lo que nosotros estamos reclamando” y que, por ello, los campesinos no se explican las acusaciones que contra ellos formuló el ministro del Interior. Por su parte, la fiscal general de la nación, Viviane Morales, visitó Las Pavas el pasado 8 de diciembre, donde escuchó a la comunidad y pudo comprobar la situación en la que se encuentran. Sin embargo, aclaró que la Fiscalía General de la Nación se encargaría sólo de investigar si en el caso de 2009 la fiscal de Cartagena había realizado una investigación adecuada y que no se encargaría de los anteriores desplazamientos, donde la justicia ya ha fallado a favor de los desplazados.

A este respecto, Etni Torres, criador de ganado a pequeña escala desde hace veintiún años y otro de los líderes de Las Pavas señalados por el informe de la fiscal Martínez, señala que lo que buscan es. precisamente, que se investiguen estos hechos “para que se llegue a la verdad y para que la opinión pública, tanto nacional como internacional, se dé cuenta de que los campesinos de Las Pavas son campesinos reales y que son víctimas de la violencia en Colombia”. Por eso, inisite, “estamos aquí, mostrando la cara para que el país se dé cuenta de que no nos estamos escondiendo: no tenemos miedo ni tenemos por qué tenerlo y estamos pidiendo que el gobierno rectifique las palabras que han dicho en contra de nosostros”.

Más de cien campesinos llegaron ayer desde el Sur de Bolívar a Bogotá para pedirle una disculpa pública al Gobierno. Son los campesinos de Las Pavas que piden que se les reconozca que son víctimas auténticas y que sufrieron desplazamiento por parte de los paramilitares. Algunos funcionarios del Gobierno lo pusieron en duda luego de que la fiscal especializada de Cartagena, Miriam Martínez Palomino, archivó un proceso de desplazamiento con el argumento de que en la zona donde están Las Pavas, en El Peñón, el conflicto no llegó y por lo tanto, los campesinos no fueron forzados a abandonar la tierra.

La decisión de la fiscal Martínez Palomino generó un fuerte debate porque los argumentos que usó estaban llenos de imprecisiones y por eso la Fiscal General Viviane Morales, quien al comienzo le dio respaldo total a los argumentos de la fiscal de Cartagena, resolvió abrir una investigación para esclarecer si hubo o no desplazamiento de 123 familias campesinas en 2003 y 2006. La fiscal Martínez Palomino sólo analizó hechos de 2009.

El de Las Pavas no ha sido el único escándalo de la funcionaria barranquillera que trabaja en la Fiscalía desde el 14 de enero de 1997.

A este cargo llegó después de que fuera Juez Municipal de Barranquilla, un cargo donde tampoco estuvo lejos de la polémica.

Por una decisión que tomó en el caso del millonario desfalco de Foncolpuertos fue denunciada por prevaricato por acción. El 21 de mayo de 2009 fue condenada por el Tribunal Superior de Barranquilla en primera instancia, pero la Corte Suprema de Justicia decidió absolverla en septiembre de ese mismo año porque la reposición al fallo de primera instancia estuvo fuera de tiempo.

Ya en la Fiscalía varios de los casos que han llegado a sus manos se han convertido en escándalos mayores y por uno de ellos tiene una investigación activa por prevaricato por acción, amenazas a testigo, constreñimiento ilegal, prolongación ilícita de la libertad, en el Tribunal de Delitos contra la Administración Pública.

Los procesos sonoros

Uno de los casos más sonados que tuvo en sus manos la fiscal Miriam Martínez Palomino fue la investigación por presunto concierto para delinquir y el homicidio de unas prostitutas en Cartagena contra Alfonso “El Turco” Hilsaca. La fiscal fue la responsable de este proceso que después se cayó porque no había pruebas convincentes. La Procuraduría respaldó esta tesis.

Cuando el proceso llegó a Bogotá se encontraron vicios e inconsistencias en el concepto de la Fiscal que no permitieron mantener la imputación contra Hilsaca. Por ejemplo, la Fiscal ordenó el decomiso de los bienes del investigado cuando los delitos no tenían ninguna relación con los recursos que manejaba y realizó la captura apenas con los testimonios.

Parte de los problemas fueron esos testimonios pues los paramilitares que declararon contra “El Turco” presentaban inconsistencias en unos casos y retractaciones en otros. Además, porque en este caso se comprobó que el ex fiscal de Justicia y Paz José Alfredo Jaramillo Matiz extorsionó al investigado para “arreglar” el caso a cambio de 500 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia condenó a este ex fiscal.

Y específicamente sobre la fiscal Miriam Martínez Palomino varios de los paras que hablaron desde la cárcel la acusaron de presiones indebidas y esto sirvió como una de los causales para que no se diera una condena contra Hilsaca.

Uno de los paramilitares, Manuel Castellanos, aseguró a los fiscales de Bogotá que ella presionó a sus compañeros para que hablaran y también a él mismo “porque ella me lo dijo a mí, que al señor Turco lo ponía preso fuera por la cabeza de quien sea”. Otro de los que se retractó fue Eugenio José Reyes Regino quien aseguró que “la doctora Myriam Martínez me asustó cuando me dijo que como yo cambiara mi versión, ella no descansaría hasta sacarme de Justicia y Paz (…) ella siempre quiere que uno diga lo que ella quiere escuchar y no lo que realmente pasó”.

Un escenario parecido se vio en el proceso que también tuvo en sus manos la fiscal Martínez Palomino contra el corresponsal de Telesur en Colombia, Freddy Muñoz Altamiranda, por sus presuntos vínculos con la guerrilla y que llevó la Fiscal Martínez Palomino en 2006.

La defensa del periodista siempre argumentó que las decisiones judiciales fueron tomadas con base en testimonios inconsistentes de informantes profesionales que habían pertenecido a un grupo guerrillero y estaban pagando penas en las cárceles barranquilleras.

Y después lo ratificaron algunos de los denunciantes. “Yo no puedo estar acusando gente que no conozco, yo hablé muy claro con la doctora, que el ‘Jorge Eliécer’ que yo conozco se desertó de la guerrilla y lo mataron las autodefensas en Ñanguma”, dijo Yainer Rodríguez a la Procuraduría, en la cárcel donde paga una condena de 12 años por rebelión y terrorismo.

“La doctora” a la que se refiere Rodríguez es Martínez Palomino y “Jorge Eliécer” es el alias que según las denuncias, usaba Freddy Muñoz en las filas de la guerrilla. En la declaración al Procurador el guerrillero también dice que la Fiscal lo presionó con pedir un castigo de 30 ó 40 años si no le colaboraba.

El periodista emitió un comunicado cuando estaba detenido en 2007 donde acusó a la fiscal Miriam Martínez Palomino de ser responsable de capturas masivas denunciadas por la Defensoría que terminaron en la absolución de los acusados.

Las denuncias van mucho más allá porque Muñoz Altamiranda asegura que hay nexos de la fiscal con grupos paramilitares. Para hacer esas afirmaciones, aludió la denuncia de un grupo de abogados en 2004.

“Estos abogados, cansados de la corrupción y de la entrega de la Fiscalía al paramilitarismo, denunciaron en un comunicado que Miriam Martínez Palomino, en compañía de Demóstenes Camargo de Ávila, -hoy jefe de los fiscales especializados de Cartagena, y quien en su momento acusó a Alfredo Correa de Andreis y a dirigentes como Amaury Padilla Cabarcas- los fiscales Pedro Díaz Pacheco y Jesús García Castillo, encabezados por el director seccional de la fiscalía de Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, están comprometidos con el paramilitarismo”, dice la comunicación.

Este caso denunciado por los abogados fue investigado pero no se encontró responsable a ninguno de los implicados durante la administración de Luis Camilo Osorio.

La fiscal Miriam Martínez Palomino ha estado a punto de perder su puesto pero siempre ha logrado quedarse gracias a las tutelas.

En agosto de 2004, el fiscal Luis Camilo Osorio declaró insubsistente a la Fiscal sin justa causa, pero ella refutó la decisión e interpuso una tutela que le fue concedida por la Corte Constitucional porque se consideró que el fiscal Osorio le violó el derecho al debido proceso, al mínimo vital y al trabajo de la Fiscal que en ese momento era delegada ante los jueces penales del circuito especializado en la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena y estaba dentro de la carrera administrativa.

Años después, el ex fiscal Guillermo Mendoza Diago la trasladó a Medellín pero la decisión nunca se hizo efectiva.

Fiscales de Cartagena que la conocen aseguran que sus decisiones son “sonadas” porque es algo que ella misma planifica, ante todo porque quiere ascender en su carrera. En la época del proceso de Alfonso “El Turco” Hilsaca era vox populi en la Fiscalía de Cartagena que ella quería convertirse en Delegada ante el Tribunal. De hecho se presentó pocos días después en el concurso para elección de fiscales delegados, pero no fue admitida.

Ahora con el caso de Las Pavas, la fiscal Morales tiene la palabra para evaluar el trabajo de su subalterna.

¿Para qué una ley de víctimas, si desconocen quiénes somos, qué exigimos?

Señor Presidente Juan Manuel Santos, usted ha sido reconocido por la comunidad internacional como un hombre de talante liberal, por lo que dio impulso a la ley de víctimas y la suscribió en presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, ley sobre la cual siempre en su discusión y su aprobación hemos planteado serios cuestionamientos.

Sin embargo, reconociendo su buena intención cuando se establece que en nuestro país hay víctimas de la violencia socio política, después de compartir nuestras experiencias las comunidades de Curvaradó, Jiguamiandó y las Pavas, nos asaltan muchas preguntas de la voluntad profunda de su gobierno de reconocer nuestros derechos, antes que en unos días empiece ya a aplicarse la ley.
¿Para qué sirve una ley de víctimas, si desde las más altas instancias de su propio gobierno, entre ellos su ministro del Interior, Germán Vargas Lleros, hace eco del desconocimiento de nuestra condición de víctimas y no cuenta con la voluntad de las comunidades afectadas para la restitución de nuestros territorios?

¿Para qué sirve una ley de víctimas, si en la reforma a la Justicia se está aprobando el fuero militar, que ha sido mecanismo de impunidad y que hoy atentaría contra los pocos avances judiciales contra responsables de crímenes de lesa humanidad?

¿Para qué una ley de víctimas si quienes han ejercido la violencia paramilitar con consentimiento del Estado, se sienten respaldados para definir el uso de la tierra, por los pronunciamientos del gobierno y la política agraria que se está impulsando?

¿Para qué una ley de víctimas cuando la mentalidad de las Fuerzas Militares y la Policía nos siguen concibiendo como sujetos sin derechos, como guerrilleros?

¿Para qué una ley de víctimas cuando nuestras comunidades permanecen hostigadas, sitiadas, amenazadas y son blanco de asesinatos y desapariciones por parte de los paramilitares, que se mueven a sus anchas con la tolerancia, la complacencia, la colaboración de la fuerza pública?

¿Para qué una ley de víctimas, si las víctimas seguimos siendo victimizadas por las afirmaciones de los promotores de la ley como es el caso del Ministro Vargas Lleras?

¿Para qué una restitución de tierras si no podemos ejercer nuestro derecho a disfrutar del territorio pues allí están presentes paramilitares y empresarios comprometidos con la criminalidad e invasores que han sido patrocinados por empresarios y sectores de la fuerza pública?

Usted ha expresado que su obra de gobierno es la continuidad de la obra de Uribe Vélez, si es así, ¿Cómo puede garantizar que su gobierno se distancia de los escándalos mediáticos, de las difamaciones, de las calumnias contra nuestras comunidades, en las que están implicados funcionarios del anterior gobierno como el ex asesor José Obdulio Gaviria?

¿Cómo se va a distanciar de las prácticas que buscan dividirnos (conformación de instancias paralelas a nuestras organizaciones, la compra de falsos testigos para desprestigiarnos, la negación de crímenes de lesa humanidad, el uso de registros fotográficos tomados por entidades estatales para judicializarnos), y en la que están involucrados funcionarios de su gobierno como Luis Mario Gaviria, hermano del ex asesor José Obdulio Gaviria, en el caso del Curvaradó y Jiguamiandó.

Señor Presidente, por tal sentido, le solicitamos, en el marco de la Constitución y la ley:

1. Ordenar a su ministro del Interior retractarse o renunciar a su cargo por todos los señalamientos que hizo en contra de nuestra Asociación de Campesinos de Buenos Airea ASCOAB en los medios de información. También por presionar a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó y forzarnos a aceptar sus condiciones para que las tierras sean restituidas sin garantías, negando nuestro derecho a ser consultados.

2. Exprese públicamente su rechazo a la campaña de desprestigio contra nuestras comunidades, porque deslegitimar la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas.

3. Señor presidente ¿Qué medidas concretas va a adoptar para garantizar nuestra vida en el territorio, desmantelar las estructuras paramilitares y dar solución al conflicto armado que nos afecta?

Señor presidente, de manera respetuosa, le pedimos nos responda a estos requerimientos, conforme al artículo 23 de la Constitución Nacional.

Atentamente,

Asociación de Campesinos de Buenos Aires – Finca las Pavas- ASOCAB

Familias de los Consejos Comunitarios que integran la Asociación de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó

RESPALDAN
Red de Alternativas a la Impunidad y Globalización del Mercado
Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”-Dabeiba
Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
Resguardo Indígena de Urada Jiguamiandó-Chocó
Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
Comunidad indígena de Juin Phubuur-Chocó
Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica – ADISPA-Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Semillas de Paz” – ASPROSEPAZ-Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro” – ASPROCAF-Putumayo
Asociación Campesina de Desarrollo Sostenible San Salvador.
ASCADES-Putumayo
Juventud Raíces de Dignidad Perla Amazónica. JURADIPA-Putumayo
Kwe´sx ksxa´w. Consejo Regional Nación Nasa del departamento del Putumayo.
Grupo porvenir–Zona de biodiversidad de Ancura–Putumayo. Familias campesinas vereda Puerto Playa, corregimiento Perla Amazónica–Putumayo.
Familias campesinas vereda Guadalupe, corregimiento Perla Amazónica–Putumayo.
Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya-Valle
Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam-Valle
Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA-Trujillo-Valle.
JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle
Familiares de víctimas de San Antonio-Inzá-Cauca
Familias desplazadas pro-retorno de Argelia-Cauca
Asociación campesina “Huerto Renacer”-Tequendama-sucre-Cauca
Escuela-Taller Ullucos Zonas de Encuentro, Autonomía y Resistencia indígena nasa-Resguardo de San Francisco-Toribío-Cauca
Organización campesina de sucre BIENANDANTES-Cauca
Resguardo Urada Jiguamiandó, Pueblo Embera Katio
Espacio Humanitario Ambiental – So Bia Drua, Pueblo Embera Katio

Más de 100 personas provenientes del sur del departamento de Bolívar se concentraron este miércoles 14 de diciembre de 2011 en la Plaza Bolívar de Bogotá con el lema “Las víctimas en Colombia existimos”. Según un comunicado público, el objetivo era exigir al gobierno nacional y a los medios de comunicación que se disculpen públicamente debido a las declaraciones relacionadas con la providencia emitida por la fiscal de Cartagena Myriam Martínez que ordena archivar la investigación por desplazamiento forzado de la Hacienda Las Pavas y considera que en este territorio no existió despojo masivo. Por otro lado solicitan reales garantías del Estado a las comunidades campesinas en la restitución de sus tierras. La convocatoria fue apoyada por comunidades campesinas de Curbaradó y Jiguamiandó (Chocó).

El miércoles 14 de diciembre a las 9 de la mañana, nos reuniremos en la ciudad de Bogotá diversas comunidades victimizadas de Colombia.

Llegaremos desde nuestras regiones para elevar nuestra voz de protesta contra la estigmatización que desde altas instancias del Estado y a través de los medios de comunicación, se está generando hacia las víctimas y hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos que nos acompañan.Somos campesinos y campesinas, afrocolombianos, pescadores y pescadoras e indígenas. Hemos sido desplazados, masacrados y despojados. Nuestra ha sido la tierra y nuestro el territorio. Donde hemos cultivado la vida han querido sembrar el hambre, la injusticia y la desigualdad, representados en grandes extensiones de palma aceitera y minas a cielo abierto.

Nuestra lucha es por el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Nos acompaña el recuerdo de nuestros familiares victimizados, de la tierra arrebatada y de los atropellos vividos. No podrán reescribir la historia borrando de ella nuestro sufrimiento, daremos fe de la verdad y lucharemos para que ésta sea conocida. Exigimos verdad, justicia y reparación integral.

Convocamos a todos y a todas aquellas que quieran expresarse en solidaridad con las víctimas en Colombia a realizar un acto de memoria y reconocimiento en la Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana.

SOMOS VÍCTIMAS SIN TIERRA, SIN PAN, SIN JUSTICIA, SIN PAZ…
SOMOS MILLONES Y NO QUEREMOS SER MÁS

ASOCIACION DE CAMPESINOS DE BUENOS AIRES- ASOCAB.
FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR-FEDEAGROMISBOL.
CAPITULO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO SUR DE BOLIVAR SUR DEL
CESAR Y CATATUMBO. -MOVICE
COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLIVAR.
MESA DE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE RETORNO A LAS PAVAS.

Descarga la convocatoria en PDF

Domingo, 11 de Diciembre de 2011

Manuel Moscoso Rojas* y Jorge A. Restrepo**

Con los datos oficiales en la mano, dos investigadores demuestran que en este municipio sí hubo desplazados y que la Fiscalía parece haberse equivocado al hablar de “falsas víctimas”. ¿Está lista la justicia colombiana para investigar y resolver estos conflictos, como ordena la nueva Ley de Víctimas?

¿Víctimas o avivatos?

La Fiscal General de la Nación, Vivian Morales, negó la semana anterior la ocurrencia del desplazamiento en el caso de la Hacienda Las Pavas, basada en las decisiones de la Fiscal Quinta Especializada de la Unidad Nacional contra los Delitos de Desaparición Forzada y Desplazamiento – subsede Cartagena.

“No hubo un desplazamiento”, afirmó, e incluso dijo que la zona “no aparece referenciada como zona de desplazamiento forzado producto de la violencia”, para a renglón seguido acusar de fraude procesal a las “supuestas víctimas” y sus cómplices.

Una seguidilla de entrevistas y comentarios acabó por ofrecer a la opinión pública un juicio terminado, una verdad donde las supuestas víctimas de desplazamiento y objeto de restitución de sus tierras se convertían en falsas víctimas e invasores; de las asociaciones de productores campesinos se pasó a organizaciones con un objetivo criminal, y de los reclamos y disputas por la propiedad de la tierra, a un asunto de meras invasiones y expropiación indebida de sus legítimos propietarios.

Días después, sin embargo, la propia Fiscal General pareció rectificar y anunció que personalmente investigaría el caso. Mientras llega esa nueva versión, vale la pena ofrecer elementos de juicio adicionales, basados en la evidencia disponible, que ayudan a comprender mejor la situación y analizar la complejidad de un caso emblemático de los conflictos sobre la propiedad de la tierra y de cómo éstos acaban en violencia.

 ¿Hubo violencia o no hubo?

Esa complejidad se debe, en primer lugar, a la dificultad de reconstruir la historia para poder emitir un juicio sobre la tradición de la propiedad, el uso y ocupación de los predios que constituyen el globo de Las Pavas:

• Las referencias judiciales remiten por primera vez a los años sesenta, cuando al parecer los terrenos fueron afectados por la reforma agraria (lo cual habría prohibido su venta futura).
• Durante los ochenta fueron comprados por una persona de apellido Escobar, quien niega el supuesto abandono de su tierra en los años noventa, lo que a su vez habría permitido la controvertida ocupación por parte de la comunidad de Buenos Aires.
• A finales de los noventa se produce la expulsión de los supuestos invasores en el curso de un proceso de policía, lo que abrió la puerta para vender la hacienda a un conglomerado palmero.
• Los ocupantes o supuestos invasores del terreno recientemente han reclamado por vía judicial que fueron desplazados forzosamente de la hacienda en 2003 y 2009.

Este último punto es crucial: ¿Ha existido violencia en el caso de la hacienda de las Pavas y se ha recurrido a ella como instrumento de resolución de la disputa por la propiedad? ¿Los reclamantes fueron desplazados por la fuerza? ¿Lo fueron a raíz de la disputa sobre la propiedad de la tierra, o lo fueron por otras razones estratégicas, económicas o políticas?

Si no hubo violencia los reclamantes no tienen el carácter de víctimas, aunque esto no invalide su reclamo sobre la propiedad de la tierra, que tendrá que resolverse por la vía judicial o administrativa. En este caso el asunto sería más simple y no estaríamos ante un caso emblemático, donde una disputa por tierras se torna violenta y termina siendo parte del conflicto armado.

Paz armada

La hacienda de Las Pavas se encuentra en el corregimiento de Buenos Aires, perteneciente al municipio de El Peñón, que cuenta con unos 8.000 habitantes, de los cuales el 65 por ciento vive en zonas rurales, en esta región de La Mojana más conocida como Las Lobas. La zona, donde abunda la pobreza, presenta una gran concentración de la propiedad de la tierra y pocos baldíos, pese a tratarse de terrenos inundables y cenagosos en su gran mayoría.

Al examinar los registros se observa que esta zona ha sido relativamente más tranquila que el resto del departamento en términos de homicidios, desaparecidos, secuestros y otros delitos violentos. Lo cual no significa, sin embargo, que haya habido paz en El Peñón y Las Lobas: -El ELN y las FARC, con su frente 34, han estado presentes desde los años noventa; las guerrillas no han tomado al municipio como escenario de operaciones militares, pero sí han extorsionado, robado ganado y reclutado en los municipios vecinos de Rio Viejo y Regidor.

- Desde los ochenta, el tradicional “vigilantismo” ganadero comenzó a confundirse con el paramilitarismo estructurado: la zona registra creciente presencia y algunas acciones violentas de grupos paramilitares, que también se financiaron con extorsiones a ganaderos, transportadores fluviales y hasta pescadores de la región. Para comienzos del presente siglo, esta presencia ya se había consolidado; puede documentarse la presencia de cuatro grupos definidos: El Bloque Norte, el Bloque Central Bolívar (BCB), el Frente La Mojana y las Autodefensas del Sur del Magdalena. Incluso tras desmovilizaciones incompletas y accidentadas de estos grupos paramilitares, existen reportes de extorsiones a cargo de los hombres de alias “Omega”.

La presencia de los grupos paramilitares constituyó pues un efectivo dique de contención contra la guerrilla. Pero no sólo por este motivo había pocas confrontaciones armadas en la zona. Puede decirse que la naturaleza del terreno, la baja densidad poblacional y la pobreza explican la ausencia de formas visibles de violencia. No ha sido esta una zona de cultivos ilícitos, ni de riqueza minera, ni corredor estratégico o ruta logística para las guerrillas. No pasan por allí grandes carreteras, ferrocarriles, o líneas de conducción de energéticos.

Pero sí ha habido presencia histórica de grupos violentos. La protección de la propiedad no está garantizada por un efectivo aparato judicial ni por atentas instituciones de seguridad. Es una seguridad privatizada: en no pocas ocasiones, bajo la amenaza directa de las armas de actores privados.

Las disputas de tierras no se limitan al caso de Las Pavas y corresponden al choque de dos modelos de explotación económica: uno que busca migrar de la ganadería extensiva hacia la producción agrícola comercial, principalmente de palma, y otro que busca extender la producción minifundista campesina, principalmente de cacao. 

Sí hubo desplazamientos

La Fiscal Morales ha sido contundente en sus afirmaciones: “según los registros de la Unidad de Justicia y Paz, este municipio [El Peñón] no aparece referenciado como zona de desplazamiento forzado producto de la violencia”. La certificación del despacho de la Fiscalía 5 dice que después de investigaciones judiciales e inspecciones de diferentes organismos, sin dar detalles de cuáles y en dónde, no se encontraron evidencias del desplazamiento ni de presencia de grupos armados ilegales o paramilitares en la zona.

Por el contrario, las propias estadísticas oficiales — que el Departamento para la Prosperidad Social publica en su página web — muestran que en El Peñón y municipios vecinos se produjeron desplazamientos persistentes durante todo el período de la disputa, con un pico en Febrero de 2003 -justamente cuando los campesinos de la zona afirman haber sido victimizados.

Cuadro 1. Número de desplazados

Fuente: Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional. Datos procesados por CERAC.

En el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD) están registrados dos desplazamientos forzados masivos en la zona rural de El Peñón durante el año 2003: 145 y 402 habitantes, respectivamente. Según estos registros, no hubo más desplazamientos masivos, pero sí otros individuales. En consecuencia, las 123 familias que se mencionan por estos días y que en 2009 fueron declaradas como desplazadas, muy probablemente corresponden a las 599 personas que indica el cuadro 1. Los mismos registros indican que estas 123 familias – si bien fueron expulsadas del corregimiento de Buenos Aires – permanecieron en zona rural de El Peñón [1]. Hay que recordar que los campesinos que reclaman la propiedad de la Las Pavas afirman que en 2003 fueron desplazadas precisamente 123 familias después de una reunión convocada por el mayordomo de dicha hacienda, durante la cual un hombre armado identificado como paramilitar les instó a desalojar el predio [2].

Si bien no existe un registro de prensa sobre este desplazamiento, la coincidencia de fechas, lugares y tipología de la violencia tiende a corroborar la versión de los campesinos.

En otros años, incluyendo el 2008, el 2009 y el 2010 se registran desplazamientos en el mismo sistema de información, tal y como los campesinos de la zona han denunciado. El número de registros de 2008 es mucho mayor que el de 2009, cuando se dice que ocurrió el “falso” desplazamiento, objeto de investigación de la Fiscalía Especializada.

Fuente: http://www.accionsocial.gov.co/EstadisticasDesplazados/

Por último, hay un hecho que ilustra la escala de la violencia desatada en El Peñón durante el 2002 y el 2003: cerca del 20 por ciento de sus habitantes tuvieron que desplazarse a otros corregimientos por las continúas amenazas e injerencias de grupos armados ilegales.

Con seguridad, en Acción Social existe un registro detallado al alcance de la Fiscal General de la Nación y de la policía judicial, que serviría para establecer la verdad sobre el caso.

No reconocer la veracidad del desplazamiento forzado y la existencia de un conflicto de tierras en el caso de Las Pavas pone en evidencia la escasa capacidad investigativa de la justicia en Colombia, la falta de interlocución efectiva entre los propios organismos del Estado y el riesgo de violación continua de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Hoy existe información incompleta e imperfecta, pero suficiente, que corrobora tanto la existencia de un conflicto de tierras efectivamente mediado por la violencia, como también el fenómeno mismo del desplazamiento, que le conviene invisibilizar a una de las partes interesadas.

La Fiscal General debe tomar muy atenta nota.

* Investigador de CERAC y estudiante de Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. ** Profesor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana y Director de CERAC.